DAC8: alto a la vigilancia masiva de los titulares de criptoactivos

Una dirección de blockchain no es un número de cuenta bancaria: es una llave de acceso a toda una vida financiera pública y permanente. En Bitcoin, Ethereum y en casi todas las cadenas públicas, cada transacción es pública, verificable y permanente. Cuando la actividad cripto declarada vincula una identidad civil con actividad en registros públicos, la exposición va mucho más allá de un único hecho imponible.

• Exposición total. Donde DAC2 transmite saldos, DAC8 vincula identidad y domicilio con datos de transacciones y transferencias cripto; en registros públicos, eso puede convertirse en una puerta de entrada a un historial más amplio.
• Todo, incluido lo que no tiene relevancia fiscal. Transferencias entre tus propios monederos, regalos a la familia, pagos a comercios, operaciones P2P: DAC8 captura movimientos sin ninguna relevancia tributaria.
• Una filtración que nunca se cierra. A diferencia de un saldo congelado, el historial on-chain se actualiza por sí solo, de forma perpetua, a la vista de cualquier atacante.
• Una vulneración de la proporcionalidad. El artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales exige que toda limitación de un derecho sea necesaria y proporcionada; el TJUE lo recordó en su jurisprudencia sobre FATCA y el RGPD.

Ningún dato público demuestra que el intercambio automático masivo genere una recaudación fiscal proporcional a su coste. Siete años después de su primera evaluación, la Comisión Europea admite que “la evaluación de los beneficios es extremadamente limitada”. Y aun así extiende ese mismo marco a los criptoactivos.

• La Comisión (SWD 2019, luego SWD 2025) reconoce que no puede cuantificar los ingresos adicionales generados por el intercambio automático.
• El Tribunal de Cuentas Europeo (informe 03/2021) constató que solo uno de los cinco Estados miembros auditados verifica la calidad de los datos, y que entre 2015 y 2017 solo el 2% de los contribuyentes cubiertos pudo vincularse a un número fiscal.
• El régimen comparable de PBC/KYC intercepta apenas el 0,1% de los fondos delictivos, con un coste anual de 136.500 millones de dólares en Europa.
• El precedente del CRS muestra sobre todo un desplazamiento hacia jurisdicciones no participantes, no una caída neta de la evasión fiscal.

El titular informado no se pregunta si debe declarar: en el momento en que utiliza un CASP, sus datos llegan igualmente a la administración tributaria. Su verdadera pregunta pasa a ser “¿debo seguir usando un CASP regulado?”. Para un número creciente de titulares, la respuesta será no.

• Las alternativas son legales. Monederos no custodiales, DEX, P2P, minería, staking no custodial: todo queda fuera del alcance de DAC8 y es perfectamente legal. La directiva no empuja hacia el fraude, sino a abandonar los CASP regulados.
• La contradicción con MiCA es frontal. La UE dedicó casi cinco años (2019-2024) a construir MiCA para que los europeos volvieran a plataformas reguladas, seguras y supervisadas. Seis meses antes del plazo del 1 de julio de 2026, DAC8 convierte a esas mismas plataformas en el lugar más expuesto para operar.
• La eficacia se invierte. Los titulares más sofisticados se van; solo los usuarios ordinarios permanecen dentro del perímetro, soportando en solitario el riesgo físico. Menos base imponible identificada, a costa de empleo y soberanía digital.

El derecho de comunicación (artículos L. 81 y siguientes del Código de Procedimientos Fiscales francés) ya permite a la administración acceder a los datos que poseen terceros (bancos, proveedores de servicios, y ahora los CASP) de forma dirigida y motivada, para un contribuyente identificado que esté siendo investigado. Cuando una medida menos intrusiva logra el mismo objetivo, la recopilación masiva es, por construcción, desproporcionada.

Puntos clave:

• Existe una alternativa menos intrusiva. DAC8 no supera el test de proporcionalidad del artículo 52 de la Carta: no es necesaria, no es adecuada, no es proporcionada.
• El derecho de comunicación es dirigido. Se refiere a contribuyentes bajo investigación, con los datos estrictamente necesarios, en lugar de a unos 54 millones de titulares repartidos en 27 bases de datos centralizadas.
• Ya es el estándar habitual. Obras de arte, lingotes, inmuebles en el extranjero (formulario 3916), cuentas de valores: la administración los obtiene mediante solicitud motivada, nunca mediante acceso permanente. Los criptoactivos no justifican ninguna excepción.